Lo que se rompe en Venezuela

Condenar un régimen autoritario no habilita la intervención militar. Sobre el ataque de Estados Unidos a Caracas, la soberanía y la responsabilidad de la izquierda.

No hacía falta defender al régimen venezolano para entender la gravedad de lo ocurrido en Caracas. Tampoco hacía falta simpatizar con Nicolás Maduro para rechazar, sin matices, el bombardeo de una capital latinoamericana y la captura forzada de un presidente por parte de una potencia extranjera. La izquierda, la que cree en los pueblos y no en los atajos, tiene esto claro: condenar un régimen autoritario no habilita la intervención militar. Por el contrario, la vuelve aún más peligrosa.

El ataque de Estados Unidos contra Venezuela no fue solo un episodio bélico. Fue una definición política. La confirmación de que el uso de la fuerza vuelve a presentarse como herramienta legítima para “ordenar” conflictos, sin mandato multilateral y sin respeto por reglas básicas del derecho internacional. Cuando una potencia decide quién gobierna y cómo se lo remueve, lo que está en juego no es un gobierno en particular, sino la idea misma de soberanía.

Lo que se rompió en Caracas no fue únicamente la institucionalidad venezolana. Se quebró un principio que existe precisamente para contener a los poderosos. El derecho internacional no fue pensado para proteger gobiernos virtuosos, sino para evitar que la fuerza se convierta en el criterio último de la política mundial. Relativizarlo es abrir la puerta a un mundo más inseguro, más desigual y más violento.

Los argumentos que intentan justificar la intervención son conocidos: autoritarismo, fraude, represión, violaciones a los derechos humanos. Todo eso es real y ha sido denunciado durante años, incluso por gobiernos progresistas de la región. Pero la pregunta central no es si el chavismo merece críticas —las merece—, sino quién decide los mecanismos del cambio político y con qué límites. La historia demuestra que los cambios impuestos desde afuera rara vez producen democracia; casi siempre dejan sociedades fragmentadas y heridas abiertas.

El comportamiento de buena parte de la comunidad internacional fue, como mínimo, ambiguo. Hubo llamados a la moderación y condenas formales, pero también silencios elocuentes y celebraciones abiertas. Cuando la legalidad se vuelve selectiva y la violencia se tolera si el objetivo resulta antipático, el precedente termina siendo utilizado contra los mismos de siempre: los países periféricos, los pueblos sin poder de veto.

En América Latina, la reacción volvió a mostrar una región atravesada por tensiones históricas. Brasil asumió una posición clara al señalar que se había cruzado una línea peligrosa, recordando los peores momentos de injerencia externa en la región y defendiendo la idea de América Latina como zona de paz. Esa postura no defendió al régimen venezolano; defendió algo más profundo: la soberanía regional como condición para cualquier salida democrática.

Argentina, en cambio, celebró. El alineamiento automático con Washington se expresó sin matices, como si la democracia pudiera importarse en aviones de combate. Es una lógica conocida y riesgosa: la que confunde justicia con venganza geopolítica y transición democrática con tutela armada. No hay democracia posible nacida del bombardeo de una capital latinoamericana.

Uruguay eligió otro camino. El gobierno expresó preocupación, rechazó la intervención militar y reafirmó el principio de no intervención y el respeto al derecho internacional. Esa decisión no fue neutra ni cómoda. Fue una definición política coherente con una tradición diplomática que entiende que la soberanía no se negocia según la simpatía que genere un gobierno.

Sin embargo, el debate interno dejó al descubierto fisuras preocupantes. Hubo dirigentes que celebraron la caída de Maduro como una “buena noticia”, sin detenerse a pensar qué implica naturalizar la intervención como método. Ese entusiasmo es peligroso. Normalizar la intervención es aceptar que la soberanía es condicional, que vale solo mientras no incomode intereses mayores.

Desde una perspectiva de izquierda, el desafío es incómodo pero imprescindible. No alcanza con denunciar el autoritarismo venezolano. Hay que decir algo más difícil:

La autodeterminación de los pueblos no se suspende porque un gobierno sea ilegítimo.

Si aceptamos lo contrario, entonces ningún país del sur está a salvo. Hoy es Venezuela. Mañana puede ser cualquiera.

Lo que se rompe en Venezuela no es solo un gobierno. Es una idea: que los pueblos pueden resolver sus crisis sin tutela armada. Defender esa idea no implica indulgencia con las dictaduras. Implica coherencia política, memoria histórica y una apuesta clara por la paz.

La izquierda que vale la pena no aplaude bombardeos. Acompaña a los pueblos. Incluso cuando eso obliga a ir a contracorriente y a decir verdades incómodas en tiempos de euforia ajena.