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OPINIÓN · 10 DE JULIO DE 2026

Cuando el odio avanza, los derechos vuelven a estar en disputa

El odio no es una opinión más cuando señala cuerpos, identidades y pobrezas para convertirlos en amenaza. Una reflexión sobre por qué los derechos siempre deben volver a defenderse.

Un anillo de once círculos azules unidos entre sí, con un hueco; el círculo que falta, amarillo, queda afuera

Racismo, homofobia, transfobia, aporofobia, misoginia. No son palabras sueltas ni excesos aislados: son formas concretas de violencia que deterioran la vida democrática, fracturan los vínculos y rompen la posibilidad de una convivencia en armonía. En los últimos años venimos viendo un avance fuerte de los discursos de odio, muchas veces presentados como “opinión”, “sentido común” o “corrección política al revés”. Pero el odio no es una opinión más cuando señala cuerpos, identidades, pobrezas, territorios y formas de vida para convertirlos en amenaza.

Naciones Unidas ha advertido sobre el aumento alarmante de la xenofobia, el racismo y la intolerancia, así como sobre el auge de movimientos neonazis y supremacistas blancos. Señala que las redes y otros espacios públicos están siendo usados para difundir mensajes que estigmatizan y deshumanizan a minorías, migrantes, mujeres y a quienes son construidos como “el otro”.

También desde Uruguay se ha señalado que los discursos de odio pueden presentarse como racismo, xenofobia, odio anti-LGBTQI+, misoginia y otras formas de intolerancia, y que no solo dañan a nivel individual, sino que atacan la inclusión, la diversidad y los derechos humanos.

Hace algo más de una década se instaló en Uruguay y en la región la expresión “agenda de derechos”. Siempre me pareció una expresión insuficiente, incluso tramposa. Los derechos no deberían integrar una agenda como si fueran asuntos opcionales, negociables o de temporada. Deberían estar consagrados, garantizados y vividos. Pero como históricamente eso no ocurrió, los movimientos sociales tuvieron que empujar, insistir, salir a la calle, organizarse, poner el cuerpo y forzar una agenda para que la democracia mirara lo que no quería mirar. Hubo que hacer agenda porque había negación. Hubo que hacer política porque había exclusión.

Esa llamada agenda no nació de un escritorio. Nació de décadas de calle, de cuerpos violentados, de vidas precarizadas, de mujeres organizadas, de colectivos afro, de sindicatos, de estudiantes, de personas trans, de lesbianas, gays, bisexuales, no binaries, de familias, de militancias barriales, de quienes fueron tratados como ciudadanía de segunda. Nació de una pregunta ética elemental:

¿Quiénes quedan afuera cuando una sociedad dice “nosotros”?

Adela Cortina le puso nombre a una de las formas más crueles y naturalizadas de exclusión: la aporofobia, el rechazo a las personas pobres o a quienes parecen no tener nada que ofrecer en la lógica del intercambio social. Nombrarla importa, porque lo que no se nombra queda escondido, y lo que queda escondido se reproduce sin vergüenza.

Paulo Freire nos enseñó que ninguna práctica emancipadora puede construirse sin conciencia crítica. bell hooks recordó que el amor también puede ser una ética política. Angela Davis insistió en que las luchas no se fragmentan, porque el racismo, el patriarcado, la pobreza y el castigo estatal se cruzan. Judith Butler nos obliga a pensar qué vidas son lloradas y cuáles son descartadas antes incluso de morir.

Por eso el avance del odio no puede leerse solo como un problema de modales. Es un problema político. Cuando un dirigente desconoce derechos, cuando ridiculiza identidades, cuando se burla de la pobreza o cuando presenta la diversidad como amenaza, no está simplemente opinando: está habilitando un clima. Y los climas sociales también matan. Matan cuando legitiman la violencia directa, pero también cuando aíslan, expulsan, patologizan, silencian y vuelven invisible la vida cotidiana de quienes ya cargan con desigualdades históricas.

El caso de Marielle Franco sigue siendo una herida abierta y una advertencia. Marielle fue mujer negra, madre, LGBT, criada en la favela de Maré, socióloga, concejala de Río de Janeiro, presidenta de la Comisión de la Mujer y defensora de los derechos humanos. Fue asesinada el 14 de marzo de 2018 junto a Anderson Gomes.

Su pensamiento incomodaba porque no hablaba “por” los márgenes desde una distancia cómoda: hablaba desde ellos, con ellos y contra un sistema político, policial, racista y patriarcal que administra qué vidas valen y cuáles pueden ser descartadas. En febrero de 2026, el Supremo Tribunal Federal de Brasil condenó a los hermanos Brazão como autores intelectuales del asesinato, al entender que fue una represalia por su trabajo político contra las milicias. Un crimen político, atravesado además por la misoginia y el racismo.

Uruguay tampoco puede mirar estos temas como si fueran ajenos. En 2012, Naciones Unidas condenó el asesinato de tres personas trans ocurrido en pocas semanas en el país, y sostuvo que esos hechos expresaban la grave discriminación que sufrían las personas trans. Ese mismo año se registró el cuarto asesinato de una mujer trans, con casos en Canelones, Cerro Largo y Montevideo, entre ellos el de Pamela, en Melo. Brecha recordó luego que entre 2011 y 2012 fueron siete las mujeres trans asesinadas, entre ellas Kiara Silva, de 25 años. Más recientemente, la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia expresó dolor e indignación ante el asesinato de una persona trans ocurrido a fines de julio de 2025, y señaló que estos crímenes interpelan a redoblar el compromiso con los derechos humanos, la igualdad y la dignidad.

También Tehuel de la Torre nos sigue faltando. Tehuel, joven trans argentino de 21 años, desapareció el 11 de marzo de 2021 cuando salió hacia una entrevista de trabajo. Su caso muestra con crudeza cómo la identidad de género, la precariedad laboral y la violencia estructural pueden cruzarse en una misma vida. En 2025, Casación confirmó la condena a Luis Alberto Ramos por homicidio agravado por odio a la identidad de género y orientación sexual, aunque el cuerpo de Tehuel no ha sido hallado. La pregunta “¿Dónde está Tehuel?” no es solo una pregunta judicial: es una pregunta democrática.

Frantz Fanon escribió contra la deshumanización colonial. James Baldwin pensó el racismo como una herida moral de la sociedad entera. Eduardo Galeano nos enseñó que la memoria no es pasado quieto, sino una forma de mirar el presente. Desde esas tradiciones, una editorial sobre el odio no puede terminar en neutralidad. Porque frente al racismo, la homofobia, la transfobia, la aporofobia y el neonazismo no alcanza con decir “todas las opiniones son válidas”. No todas las opiniones tienen el mismo efecto sobre la vida de las personas. Algunas abren puertas; otras preparan la violencia.

Mi pensamiento es claro: los derechos no son una concesión del poder ni un gesto simpático de modernidad. Son conquistas sociales, frágiles, siempre amenazadas, que deben ser defendidas una y otra vez. No hay democracia verdadera si una parte de la sociedad vive con miedo a ser quien es. No hay convivencia posible si la libertad de unos se construye sobre la humillación de otros. No hay paz social si la pobreza se desprecia, si la diversidad se persigue, si la protesta se reprime o si la memoria se ridiculiza.

Por eso, frente al avance del odio, la respuesta no puede ser el silencio. Tiene que ser más democracia, más derechos, más memoria, más organización y más ternura política. Ternura no como ingenuidad, sino como decisión ética de no acostumbrarnos a la crueldad. Porque cada vez que una sociedad naturaliza el odio, retrocede.

Y cada vez que alguien sale a la calle, escribe, cuida, denuncia, abraza, milita o simplemente se niega a deshumanizar a otra persona, la democracia vuelve a respirar.

Agustín
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